ENTRA EN VIGOR EL TASAZO JUDICIAL. Una multa de tráfico que no conlleve la retirada de puntos y que sea inferior a 100 euros tendrá una tasa de 200 euros.

La nueva ocurrencia del Gobierno de Rajoy, tendá unas consecuencias tan rocambolescas que un ciudadano que quiera reclamar una multa de 100 € tendrá que pagar antes 200 €. El ministro de justícia se ha cubierto de gloria con esta Ley, que ya tiene detractores, entre ellos las asociaciones de jueces y fiscales sobre todo al dejar en excepcional la actuación de los jueces sustitutos y de los magistrados suplentes y elevar así la carga de trabajo que soportan los titulares.

Las tasas fijas van desde los 100 euros hasta los 1.200 euros a los que habría que sumar entre un 0,25% y un 0,50% de la cuantía procesal, es decir, del interés económico del pleito. 0,50% para los pleitos de 1.000.000 de euros y para el resto un 0,25%.

En el caso de un ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y múltiples lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico e interpone una demanda de 1.300.000 euros entre lesiones, secuelas, invalidez... pagaría en primera instancia para empezar 300 euros de tasa fija a la que habría que sumar un 0,50% por ser una cuantía de hasta un millón de euros, más un 0,25% por exceder también esa cantidad. En total 6.050 euros. Si hubiese que apelar serían 800 euros, más el 0,5%, más el 0,25%, lo que supondrían 6.550 euros, explica la la abogada Verónica del Carpio.

Un despido, disputas con una herencia, negligencias médicas, multas... En definitiva, cualquier contencioso civil rascará aún más los bolsillos de los españoles (a excepción de pensionistas o de personas que acrediten que no pueden pagar esas tasas).

La oposición también ha anunciado medidas en contra del ’tasazo’. El PSOE anunció este martes que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales. Sin embargo, es en el propio BOE donde el Gobierno defiende la constitucionalidad del texto al asegurar que la Ley "expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella".